IGNORANCIA O MALA FE

Por Adrián González *

La oposición nucleada en el Grupo A se ha propuesto hacerle pagar al Gobierno el costo de sus propios desmanejos cuando, hace no muchos años, tuvieron a cargo la administración del país. El costo será fiscal si se accede a lo que plantea la avanzada opositora con más fundamentos electoralistas que técnicos en materia de seguridad social, o político si eventualmente el Gobierno decide vetar una medida destinada al aumento de las jubilaciones mínimas.


No es posible estar en desacuerdo con incrementar el monto de los haberes jubilatorios, mucho más si se trata de la prestación. Es un reclamo justo. Lo curioso es que quienes impulsan el proyecto son quienes contribuyeron a desfinanciar el sistema previsional a través de diferentes medidas por un lado, y quienes no hace mucho tiempo echaron mano al recorte de los haberes del 13 por el otro. Aquí es donde se advierte que la iniciativa opositora tiende más a impactar al Gobierno que a beneficiar a la clase pasiva.

Durante el año pasado, Anses obtuvo un superávit del orden de 3800 millones de pesos, bastante lejos de los 22.000 millones de pesos, que el Ministerio de Economía estima que sería necesario para subir la jubilación mínima hasta el 82 por ciento del salario mínimo.

Intencionalmente o por ignorancia aquellos que dicen que Anses cuenta con los recursos suficientes confunden los recursos provenientes de las ex AFJP con el flujo proveniente de la recaudación. En primer lugar, estos ahorros heredados del sistema de capitalización se encuentran dispersos en inversiones que las administraciones privadas hicieron a mansalva para obtener una renta de unos 12.000 millones de dólares. Convertir esas colocaciones en dinero no sólo llevaría años, sino que haría disminuir su valor en el mercado con la consiguiente pérdida de capital. Aún así, este ahorro serviría para abonar el ansiado 82 por ciento apenas por un período de 4 o 5 años.

En rigor, los 895 pesos de un haber jubilatorio mínimo resultan exiguos para atender las necesidades mínimas. Sin embargo, no puede dejar de observarse que desde 2003 a la fecha se produjo un aumento del orden del 500 por ciento medido en pesos y del 51 por ciento para aquellos que gustan medir todo en dólares. No es poca cosa.

Habrá que agregar también al haber gubernamental los casi 2,5 millones de personas que fueron incluidas en el sistema previsional que no contaban con los aportes suficientes por distintos motivos. La causa principal de esa insuficiencia se debía a su pertenencia al ejército de desocupados que dejaron los años noventa.

En Europa, a instancias del FMI y otros organismos internacionales, países como España y Francia debaten un aumento de la edad de retiro para dar sustentabilidad al sistema provisional en medio de una profunda crisis económica estructural. En nuestro país ya comenzaron a levantarse algunas voces neoliberales en ese sentido, que recaen nuevamente en un nuevo ajuste a la clase pasiva. Sus conclusiones los conducen a argumentar que para asegurar la sustentabilidad del sistema es necesario aumentar los impuestos o la edad jubilatoria, y optan por lo segundo. En efecto, Argentina aumentó la edad jubilatoria con la reforma previsional de 1994, pasando de 60 a 65 para los hombres y de 55 a 60 para las mujeres. La entonces ministra de Trabajo de la Alianza, Patricia Bullrich, implementó la suba para las mujeres hasta los 65 años a través de un decreto y por exigencia también del organismo multilateral. Decisión que luego fue anulada por la Justicia.

Una medida de esta naturaleza no sólo contribuiría a retrasar el goce del retiro, sino que afectaría la tasa de recambio generacional en la incorporación de jóvenes trabajadores al mercado laboral a quienes indudablemente habría que asistir con el seguro de desempleo. El síndrome de la frazada corta. Sin embargo, resulta interesante saber cuáles fueron las causas de la desfinanciación del sistema previsional. En este sentido habrá que revertir la reducción de los aportes patronales iniciada en 1994. Estas reducciones apuntaban a permitir la generación de trabajo registrado aunque finalmente sólo sirvieron para maximizar las ganancias empresarias. Mientras tanto, el desempleo ascendió al 23 por ciento en 2002, mientras que la latencia del trabajo no registrado pasó del 24 por ciento a más del 50 por ciento en plena crisis. Si el empleo informal se redujera a expresiones minoritarias –hoy se encuentra alrededor del 35 por ciento– se recaudarían unos 26.000 millones de pesos anuales en materia de aportes patronales, cifra que supera la estimación necesaria para poder aumentar al 82 por ciento del salario mínimo los haberes jubilatorios mínimos.

* Integrante Cemop.