Abuso propio de una operación mediática

Por Augusto Taglioni


Algunas reflexiones. ¿Qué es lo que motiva a los medios masivos de comunicación para realizar una cobertura pormenorizada de un acampe de organizaciones sociales en plena 9 de julio? ¿Y por qué el mensaje reproducido es en solidaridad a un grupo de manifestantes pertenecientes a diferentes organizaciones sociales que piden mayor apoyo oficial en temas relacionados con el empleo?
Todas las preguntas pertenecen a una misma estrategia que tiene como único objetivo, por un lado, el ataque al gobierno nacional y, por el otro, la demonizacion de los grupos “piqueteros kirchneristas” que reciben supuestos “beneficios” del gobierno.

Hace algunas semanas la mayoría de los medios de prensa “investigaron” a la organización barrial Túpac Amaru, especialmente a su líder, Milagros Sala, aludiendo que éstos estaban armados, denunciando que recibían dinero del narcotráfico y asegurando que agredirían a dirigente opositor que pise suelo jujeño. Al mismo tiempo en que se desarrollaba tal operatoria político-mediática, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner promulgó una medida altamente demandada por los sectores populares y todo el arco político opositor. La asignación de 180 pesos para familias desocupadas o que ejerzan trabajo informal, forma parte de una decisión política clara tendiente a recuperar un tejido social largamente dañado por políticas antipopulares que exceden la administración actual. A su vez, aquellos dirigentes altamente cuestionados por las empresas periodísticas como la mencionada Milagros Sala y el renunciante Emilio Pérsico, estuvieron en primera fila durante el anuncio oficial, lo cual significa un claro guiño hacia ese sector demonizado.

De esta manera, la derecha económica y mediática- que suele postular enunciados de fuerte impacto en la opinión pública (vale la pena recordar “paro histórico” en pleno conflicto con la patronales agrarias o “ley de medios K” o de “control de medios” durante el tratamiento de la ley de servicios de Comunicación audiovisuales)- comenzó a hablar de clientelismo. Como el beneficio- que en las últimas horas incluyó a trabajadoras domésticas y empleados agrarios- se escapa de tal calificativo ya que contempla la escolarización del menor en cuestión y la cobertura sanitaria (vacunación, prevención) del niño o niña, la derecha decidió rever el blanco de crítica.

Ahora, los balines apuntan a las organizaciones kirchneristas que- según los medios masivos de comunicación- son beneficiarios de planes de trabajo y subsidios oficiales. El acampe realizado en la 9 de julio fue la excusa perfecta para tal argumento y con ello, una batería de informes sorprendentemente “comprometidos” con el trabajo que todos los dias hacen comedores, vecinos y militantes del campo nacional y popular. Para ser claro, ahora el enemigo no son las organizaciones sociales sino los “piqueteros K” que reciben de forma discrecional apoyo económico. Claro está que no se pone en discusión el reclamos genuido de quienes tomaron la medida de cortar la 9 de julio, pero si- por lo menos quien escribe- criticamos la utilización mediática de un reclamo popular para satisfacer intereses personales, eso sí es absolutamente clientelista.

Es necesario mencionar los últimos anuncios realizados por la presidenta. En primer lugar, el “Programa de inclusión social con trabajo” financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que consta de un subsidio que ronda los cien millones de pesos para la puesta en marcha de cooperativas de trabajo. La medida fue efectiva (alrededor de 25 millones de pesos por municipio) para los dos mil municipios del país. El elemento que falta está relacionado a la lentitud con las que las diferentes comunas accionaron sobre esta política inclusiva, lo que no niega la responsabilidad de la cartera social de Alicia Kirchner a la hora de apurar o supervisar que lo prometido se cumpla.

Dentro de este plan de trabajo cooperativa estaban incluidas organizaciones sociales a fines al gobierno como también espacios políticos críticos y definitivamente en contra, con lo cual el argumento de una supuesta discrecionalidad oficial se derrumba. Mar del Plata es un caso, en donde Libres del Sur y el Movimiento Atahualpa- adjudicatarios del plan- no pertenecen ni apoyan al oficialismo.

Lo mismo sucede con la asignación universal que por supuesto no es discrecional (no confundamos discrecionalidad con políticas focalizadas) por que incluye a todos los sectores vulnerados de la sociedad.

No cabe duda que hay infinidad de personas, agrupaciones sociales, comedores, centro barriales y comunitarios a favor o en contra del gobierno nacional que no poseen subsidios, por eso es necesario refutar las mentiras mediáticas con la simple muestra de lo que podemos lograr como sociedad estando organizados, sin olvidar quiénes son los enemigos.