Ese anhelo universal

Por Augusto Taglioni

La asignación universal por hijo es un hecho, y su implementación ya es decreto, tiene fecha y destinatarios. Luego de años de anhelos, reclamos y propuestas de muchas organizaciones sociales para conseguir tal beneficio, un tema que había tomado el carácter de tabú de la política nacional se efectiviza de la mano de la propia presidencia de la nación en una coyuntura donde todos las fuerzas política exigen mayor atención a la pobreza y la desigualdad. Entre sorpresas, alegrías y escepticismos, la universalización del ingreso para las familias mas afectadas por la desigualdad social, el desempleo y la marginación es una realidad que poco saben como digerir. El gobierno sigue marcando la agenda.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó, a través de un decreto de Necesidad y Urgencia, la “asignación universal por hijo para protección social” para padres de hijos menores de 18 años que estén desempleados o que ejerzan trabajo informal. El beneficio es de 180 pesos, y contempla también de por vida a los hijos de padres discapacitados que se encuentren en la misma situación. Los niños y niñas de hasta 4 años- inclusive- deberán acreditarse al cumplimiento de controles sanitarios y planes de vacunación obligatoria establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, mientras que desde los 5 años hasta los 18 se deberá demostrar la concurrencia de los hijos a escuelas y colegios públicos.

Lo que queda claro, si se pasa en limpio las últimas decisiones del gobierno nacional, es que podemos asegurar que después de una derrota electoral que para muchos significaba la entrega de un modelo cercado por limitaciones propias a un establishment ambicioso de poder, supo recomponerse mediante una lectura profunda de los errores de construcción de fuerzas, para volver a marcar la agenda en cuanto a los temas de relevancia. La reforma política, la rescisión de los contratos a TyC Sports, la promulgación de la ley de medios y ahora la creación de la asignación familiar por hijo, son la muestra que indican que quien propone los temas de debate, sigue siendo el gobierno.

Retomando el tema que motivó la nota- la asignación universal- es la medida mas reclamada por la oposición en último tiempo. Lo llamativo es que tanto “por derecha como por izquierda” remarcaban que la deuda pendiente de este gobierno es el “combate contra la pobreza”- mas allá que desde el 2003 a la fecha la pobreza bajó significativamente y se generaron 4 millones de puestos de trabajo- y la política acertada para tal desafío era la universalización del ingreso. Hecho el anuncio- que empezará a regir el 1º de diciembre- las críticas se mantienen. El pedido de gravar la renta financiera golpeando a los grupos concentrados de la economía que no pagan impuestos para solventar los costos, tiene sus cálculos realizados. En ese sentido, un gravamen de ese tipo sólo permitiría recaudar unos 500 millones de pesos. Otras cuentas del Ministerio de Economía elevaban la cifra a 1000 millones. En cualquier caso, ambas estimaciones están muy lejos de los casi 10 mil millones de pesos que terminará aportando la Anses.

Entonces, ¿Cuál es la postura de todo el arco político frente a la decisión presidencial? Los primeros (con la ya recurrente excepción de Proyecto Sur) vieron con buenos ojos el anuncio, a pesar que su proyecto incluía a niños y niñas de clase media y el oficial a los sectores mas empobrecidos. Por su parte, el tándem parlamentario de los grupos económicos se opuso- sin escuchar siquiera la cadena nacional- con el argumento que la medida promoverá un clientelismo tal que hará las veces de cárcel de pobres que permitirá que estos sigan siendo manipulados “por el choripan y el vino”. A su vez, afirmaron que el beneficio deber ser total, es decir, la universalización del ingreso debería ser entregado también a los sectores medios que no tienen problemas económicos, escolares, habitacionales, es decir, tanto a los hijos de una madre desocupada de un barrio periférico como a los nietos de Hugo Biolcati o Amalia Fortabat.

Suena disparatado pensar que un país subdesarrollado que intenta recobrarse del vaciamiento que el neoliberalismo perpetró sobre estado, ante la destrucción deñ mercado interno, donde se intenta recuperar el aparato productivo y recomponer el tejido social, los beneficiarios de los 180 pesos seamos todos.

Otro de los puntos de conflicto radica en la proveniencia del dinero (10.800 millones de pesos). La oposición plantea gravar la renta financiera y con ese dinero distribuir el ingreso, mientras que el gobierno utilizará los fondos de la Anses. Ambas posturas son absolutamente viables, a pesar que- paradójicamente- los que se rasgan las vestiduras exigiendo que el dinero se extraiga de la renta financiera, fueron los mismos que defendieron los intereses de los empresarios sojeros y negaron su voto a la estatización de las AFJP- quien proveyera, con la plata de los jubilados a quienes engordaban sus arcas en la timba financiera- el año pasado. Por otro lado, y como era de esperarse, los grupos monopólicos de la comunicación ningunearon la importancia del anuncio presidencial tergiversando el eje de la discusión. Poco importo lo burdo e improvisado con que los medios masivos eligieron tapar la importancia que significaba la medida en sí. No contentos con el ocultamiento, las empresas comunicacionales se centraron en el abrazo con que Cristina saludó a Milagros Sala- referente de la Organización barrial Tupac Amaru de Jujuy- y en la presencia de Emilio Pérsico luego del incidente de su hijo con la ley. Al mismo tiempo, transmitieron como Eduardo Duhalde declaraba su victoria anticipada sobre Néstor Kirchner en las internas del PJ y con absoluta liviandad sostenía que este país es fácil de cambiar si las cosas se hacen bien. Claro está, que ningún medio calificó de “desubicado”, “grosero”, “soberbio” o “violento” al discurso del ex presidente.

Está claro que la pobreza requiere- para su erradicación- una política a largo plazo que excede la asignación universal por hijo, pero no hay dudas que es un paso que se debe dar. Una medida que favorece a los sectores populares, que los incluye a una cobertura social, que garantiza la escolaridad para aquellos que desde muy jóvenes deben dejar la escuela para salir a trabajar y que colabora con familias numerosas debido a que la decisión incluye hasta 5 menores de una misma familia. Eso- muy a pesar de Carrió y sus laderos- no es clientelismo. Pensar que los pobres por el hecho de ser pobres, no tienen capacidad de entendimiento cuando hay políticas de estado que los incluyen, es subestimar a los sectores populares.

Nuevamente- como en el conflicto con la “gauchocracia”- está en juego el rol de estado en los temas de ingerencia social. La derecha económica juega con su discurso apocalíptico con que la plata utilizada es la de los jubilados, cuando en realidad, los 10.800 millones de pesos anuales que costará el sistema serán financiados por las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las Jubilaciones, que acumula 134.602 millones de pesos, y que en 2010 dejaría una rentabilidad de 12.000 millones, que no provienen de las de jubilaciones sino de la rentabilidad que circula dentro de la banca pública.

Desde el ministerio de economía aseguraron que la gran mayoría de los beneficiarios no deberán anotarse en ningún registro, sino que el organismo de seguridad social utilizará diferentes bases de datos del Estado nacional, de provincias y municipios para determinar quiénes tienen derecho a cobrar los 180 pesos mensuales. De aquí en adelante se lo irá comunicando a cada padre o responsable de los menores por diferentes medios, y a la vez habilitará un sitio especial en Internet con todos los datos del padrón de destinatarios. Quienes no figuren o tengan datos erróneos o incompletos podrán comunicarlo por la web o asistiendo a oficinas de la Anses o delegaciones provinciales y municipales que actuarán como intermediarias.

Podemos considerar "revolucionarias" a ciertas políticas de estado que favorecen a las mayorías populares y arremeten contra los intereses concentrados de las trasnacionales, reubica al estado como protagonistas de las grandes decisiones y pondera las luchas emprendidas por el campo nacional y popular mediante políticas efectivas. Son pequeños pasos que necesitan de nuestra militancia y organización. Un ingreso universal no derrota al neoliberalismo, lo molesta, lo incomoda, pero no lo mata.

Una ley de renta financiera quizás, terminaría de sepultarlo. Las pequeñas batallas son las que hacen grandes a los pueblos, pequeñas revoluciones que sirven como impulso para un cambio superador que nos lleve a construir la patria grande que la historia nos demanda. Antes estábamos muy lejos, ahora un poco mas cerca, sigamos avanzando. A eso aspiramos.